Según las conclusiones del estudio, los niños indígenas están en desventaja educativa, lo que los hace más vulnerables al trabajo infantil. En los países estudiados, los niños indígenas tienen tasas de asistencia escolar más bajas que otros niños, particularmente las niñas indígenas.
El “documento temático sobre el trabajo infantil y la exclusión de la educación entre los niños indígenas” muestra que los niños indígenas están significativamente sobrerrepresentados en trabajos peligrosos. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura, pero también en la construcción, el comercio, la manufactura y el trabajo doméstico.
El análisis muestra diferencias regionales significativas. En Perú, el trabajo infantil entre los niños indígenas es casi tres veces mayor que el promedio, mientras que en Ecuador, los niños indígenas tienen aproximadamente 11,6 veces más probabilidades de realizar trabajos peligrosos que el promedio nacional para todos los niños.
El documento afirma que el trabajo infantil indígena es un resultado directo de la marginación social, económica y cultural de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen tres veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema. A menudo se ven desposeídos de sus tierras, son los más afectados por el cambio climático y los conflictos, tienen acceso limitado a servicios vitales y enfrentan barreras para mantener su forma de vida tradicional.
Esta situación puede obligar a los niños indígenas a trabajar para ayudar a sus familias, convirtiéndose en una parte vital de su supervivencia. También puede tener otras consecuencias, como la explotación de niñas indígenas por parte de traficantes que se aprovechan de la ruptura de los vínculos familiares y comunitarios.
El análisis enfatiza que combatir el trabajo infantil y la exclusión escolar requiere respuestas que también incluyan la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en general. Esto incluye intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos para la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el diseño y la implementación de políticas y programas, así como el acceso a una educación de calidad culturalmente apropiada, el acceso a la protección social y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Este documento se basa en investigaciones y orientaciones políticas anteriores de la OIT. Creado con financiación del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, analiza datos de informes de todo el mundo, grupos focales realizados con organizaciones de pueblos indígenas (en Camboya, Kenia, la Federación de Rusia, Nepal y Tanzania) y datos cuantitativos nacionales de seis Países de América Latina (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú).
El documento fue presentado el 25 de septiembre en la sede de la OIT. Al evento asistieron el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, y la Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, Teresa Zapeta.
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