El proyecto de ley fue objeto de un segundo debate el miércoles por la tarde y su votación final está prevista para el jueves.

En marzo, el Parlamento panameño aprobó una extensión de contrato con First Quantum, con sede en Vancouver, y su filial local Minera Panamá. Sin embargo, las protestas populares que derivaron de esta decisión desencadenaron una serie de reveses por parte del presidente Laurentino Cortizo.

El nuevo proyecto no sólo cancela el contrato minero, sino que también extiende la moratoria sobre todas las concesiones para actividades mineras hasta que se reforme la Ley de Recursos Minerales de Panamá.

Antes de que los legisladores debatieran esta medida extraordinaria, el presidente Cortizo propuso primero un referéndum nacional sobre el tratado. Se presentaron ocho demandas ante la Corte Suprema de Panamá alegando que la medida era inconstitucional.

El proyecto minero es la mayor inversión privada en la historia de Panamá y ya genera alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB) del país. Pero la escala de las protestas populares ha dado lugar a impugnaciones legislativas y legales que han provocado una caída libre del 47% de las acciones de First Quantum desde que comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto a principios de esta semana.

Los críticos advirtieron que utilizar una nueva ley para revocar el contrato podría exponer al gobierno a acciones legales por parte de Minera Panamá. Pero los abogados creen que si la Corte Suprema declarara inconstitucional el contrato, sería anulado sin riesgo de una demanda multimillonaria.

El acuerdo permitiría otros 20 a 40 años de minería de cobre a cielo abierto en 13.000 hectáreas de terreno forestal a sólo 120 kilómetros al oeste de la capital, en el estado de Colón. Los ambientalistas dicen que continuar con la minería pondría en peligro el agua potable y destruiría más bosques.

En las últimas dos décadas, Panamá ha perdido alrededor del 8,5% de su cubierta forestal total.