Íñigo Salvador, fiscal general del estado, presentó pruebas en un tribunal de ese país alegando que Ecuador fue víctima en un caso de lavado de activos relacionado con Petroecuador.

En enero 2021, la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Dirección de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el envío de copias certificadas en asistencia judicial recíproca de las sentencias condenatorias del proceso al Fiscal Internacional de Panamá José Antonio Candanedo al 17282-2016-004457.

En este caso, el Ministerio Público investigó a un grupo de ex funcionarios y ex contratistas de Petroecuador.

Como quedó demostrado en el juicio, los condenados ilegalmente daban y recibían fondos y montaban sociedades offshore para moverlos. Los montos provienen de la entrega de Contratos para renovar la refinería de Esmeraldas.

El objetivo de la PGE era recuperar aproximadamente $4 millones que estaban congelados en este país.

Estos fondos habrían sido depositados en bancos panameños por los condenados por cohecho en este proceso. Los condenados incluyen, entre otros Carlos Pareja Yannuzzelli, Álex Bravo, ex oficial de Petroecuador.

Al entregar esta información, las autoridades panameñas advirtieron que los condenados estaban transfiriendo $1 millón a ese país además de los $4 millones. Así que en general en Panamá cuesta $ 5 millones.

Según los registros de la Fiscalía General, el juzgado de primera instancia multó a los condenados con $12,6 millones y ordenó reparaciones por $57,8 millones.

Por ello, el abogado Salvador acudió a la el 11 de enero de 2022 tercero Tribunal Penal de Panamá. En esta jurisdicción, la documentación ha sido ingresada de tal manera que Ecuador es víctima de proceso penal por lavado de activos que está ocurriendo en este país.

La repatriación de los 5 millones de dólares desde Panamá servirá para saldar las sumas adeudadas por los condenados.

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