- Por Vanessa Buschschlüter
- noticias de la BBC
Panamá anunció el cierre de una controvertida mina de cobre después de que la Corte Suprema dictaminara que una concesión de 20 años para que una empresa canadiense la operara era inconstitucional.
La decisión fue bien recibida por los ambientalistas que dijeron que la minería a cielo abierto amenazaba el suministro de agua.
Cobre Panamá está ubicado en una zona selvática rica en especies en la costa atlántica de Panamá.
La extensión del contrato del gobierno con First Quantum Minerals provocó protestas masivas.
A los activistas ambientales se unieron estudiantes, grupos indígenas y activistas laborales.
Si bien muchos participaron en las protestas por preocupación por el medio ambiente y contra la minería, otros se opusieron a la concesión otorgada a First Quantum, diciendo que favorecía a la minera canadiense y no aportaba suficientes ingresos a Panamá.
Los manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana y otras carreteras importantes, provocando escasez de combustible y alimentos en algunas regiones.
También utilizaron barcos para crear un bloqueo naval que impidió que suministros vitales llegaran a la mina y finalmente obligó a First Quantum, el mayor productor de cobre de Canadá, a suspender sus operaciones la semana pasada.
Cobre Panamá, que cuenta con dos minas a cielo abierto, una planta de procesamiento y su propio puerto, es una de las minas de cobre más grandes abiertas en el mundo en la última década.
La empresa inició la producción de cobre en 2019 y suministró alrededor del 1% de la producción mundial de cobre.
Según el gobierno, los ingresos representaron el 3,5% del PIB de Panamá en 2021. La mina también empleó directamente a 8.000 personas e indirectamente creó empleos para decenas de miles más.
Pero tuvo una historia turbulenta desde el principio.
Los ambientalistas se opusieron a la mina, diciendo que estaba causando destrucción en una zona selvática rica en biodiversidad y agotando el agua de la zona.
Pero las últimas protestas masivas se desencadenaron en octubre, cuando el Congreso de Panamá aprobó una ley que aprobaba el nuevo contrato con First Quantum.
El Tribunal Supremo declaró inconstitucional esta ley por unanimidad el martes.
El presidente Laurentino Cortizo dijo en X, antes Twitter, que «acataría la decisión de la Corte Suprema».
Posteriormente anunció en un discurso televisado que su gobierno comenzaría un «proceso de transición» para cerrar la mina de manera «ordenada y segura» una vez que recibiera una notificación formal del tribunal.
First Quantum dijo que respeta la ley panameña y brindará más comentarios una vez que haya examinado los detalles del fallo.
La empresa agregó que su contrato con el gobierno panameño es el resultado de un largo y transparente proceso de negociación destinado a generar beneficios mutuos para ambas partes y garantizar la protección del medio ambiente.
La activista ambiental Raisa Banfield dijo que el fallo fue el resultado de que varios grupos se unieron en su oposición a la mina.
“Todos hicieron su parte, los que sabemos del tema ambiental, los abogados, los agricultores, nuestros lancheros de Colón, nuestra juventud”, dijo.
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