KATHIA MARTÍNEZ y JUAN ZAMORANO, Associated Press

Hace 1 semana

Un manifestante celebra al enterarse de que la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional una concesión de 20 años para una mina de cobre canadiense que había provocado semanas de protestas, el martes 28 de noviembre de 2023, en la ciudad de Panamá. (Foto AP/Arnulfo Franco)

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad el martes que una concesión de 20 años para una mina de cobre canadiense que ha sido objeto de protestas ambientales generalizadas es inconstitucional, y el presidente dijo que los procedimientos para cerrar la mina se iniciarían más tarde.

Quienes se oponen a la mina Cobre Panamá argumentaron que dañaría una zona costera boscosa y amenazaría el suministro de agua. El anuncio de la decisión del tribunal de nueve miembros después de cuatro días de deliberaciones provocó aplausos de una multitud que esperaba afuera, ondeando banderas panameñas.

“Esto es lo que estábamos esperando”, dijo la manifestante Raisa Banfield después de lo que llamó una espera agonizante. «El presidente debe cerrar (mis) operaciones hoy».

Minera Panamá, filial local de la canadiense First Quantum Minerals que opera la mina en el centro de Panamá, dijo en un comunicado que «Cobre Panamá reconoce la decisión del tribunal».

«Nos gustaría reiterar nuestro compromiso inquebrantable con el cumplimiento normativo en todos los aspectos de nuestras operaciones en el país», escribió la empresa. «Haremos más comentarios a medida que se publiquen más detalles del fallo».

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, dijo este martes a la nación que la decisión del tribunal, una vez recibida oficialmente por su gobierno, sería publicada en el Diario Oficial y se iniciaría un proceso «para un cierre ordenado y seguro de la mina».

La mina emplea a miles de personas y representa el 3% del producto interno bruto de Panamá.

En marzo, los legisladores panameños llegaron a un acuerdo con First Quantum que permitió a Minera Panamá continuar operando la enorme mina de cobre durante al menos 20 años. La mina a cielo abierto se cerró temporalmente el año pasado cuando fracasaron las conversaciones entre el gobierno y First Quantum sobre los pagos que el gobierno quería.

El contrato, que finalmente fue aprobado el 20 de octubre, permitió a la filial continuar operando la mina en una selva biodiversa en la costa atlántica al oeste de la capital durante los próximos 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20 años si la ubicación sigue siendo productivo.

La disputa por la mina provocó algunas de las protestas más grandes en Panamá en los últimos años, incluido el bloqueo de la planta de energía de la mina. Los manifestantes también bloquearon partes de la Carretera Panamericana, incluido un tramo cerca de la frontera con Costa Rica.

Poco antes de que se anunciara el veredicto, abrieron la carretera para permitir el paso de los vagones de mercancías.

Minera Panamá dijo en un comunicado a principios de este mes que pequeñas embarcaciones habían bloqueado su puerto en la provincia de Colón, impidiendo que los suministros llegaran a la mina. La policía marítima informó que un barco que transportaba carbón decidió dar marcha atrás antes de ser dispersado debido a la «hostilidad de un grupo de manifestantes que arrojaron piedras y objetos contundentes de fabricación casera desde sus embarcaciones».

Los manifestantes, una amplia coalición de panameños, temían el impacto de la mina en la naturaleza y particularmente en el suministro de agua.

Después de que comenzaron las protestas, el gobierno estuvo a punto de aprobar una ley que habría revocado el tratado, pero dio marcha atrás en un debate en la Asamblea Nacional el 2 de noviembre.

Un fallo judicial que declaró inconstitucional el contrato fue la última oportunidad para que los opositores lo rescindieran.

El gobierno canadiense dijo que respeta la decisión del martes y está siguiendo de cerca las negociaciones del contrato. En un correo electrónico, Jean-Pierre J. Godbout, portavoz del departamento de asuntos globales del gobierno, dijo que el gobierno «espera constantemente una solución amistosa que sea beneficiosa para todas las partes».

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Rob Gillies en Toronto contribuyó a este informe.

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