El mandatario dijo el sábado durante un viaje a la provincia de Veraguas que el acuerdo, que negocia desde el año pasado el ejecutivo y filial de la transnacional canadiense First Quantum, está cerca de firmarse y solo resta un punto: no hay oferta más detalles.

El gobierno y la empresa minera comenzaron a negociar un nuevo contrato de concesión en septiembre de 2021 y anunciaron un acuerdo en enero de 2022, pero este fracasó, lo que llevó al gobierno a ordenar el cierre de las operaciones, medida que la empresa impugnó.

La empresa anunció el 23 de febrero el inicio de una desmovilización parcial de su plantilla, poco más de ocho mil trabajadores y contratistas, a raíz de una orden de la Autoridad Marítima de Panamá, que desde el 6 de febrero paralizó las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto internacional. la provincia de Colón.

Organizaciones sociales y ambientales exigen una explicación transparente a los dos últimos gobiernos y a la Corte Suprema, que declaró institucional el acuerdo en 2017.

Según el diario El Periódico de Panamá, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela (2014-2019) ignoró que el tratado había sido declarado ilegal y extendió su vigencia hasta 2035.

El directorio actual ha permitido que la empresa siga operando de manera ilegal y explotando los recursos naturales de todos los panameños. Además, ese gobierno no ha explicado las supuestas tenencias de otros estados en las acciones de Cobre Panamá, dijo el periódico.

Por otro lado, la ambientalista Raisa Banfield insistió en pedir al jefe de Estado que intervenga en la empresa, alegando que violó la orden de cierre emitida en diciembre del año pasado.

Portavoces de organizaciones populares han calificado de inapropiadas las negociaciones que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo con la minera desde que el contrato de concesión fue declarado inconstitucional hace cinco años.

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