Asociaciones de campesinos, organizaciones de la sociedad civil y movimientos estudiantiles de las regiones andinas de Cusco y Puno en el sur del país, así como vecinos de la capital Lima, se dieron cita en la Plaza Dos de Mayo para exigir una vez más la renuncia del Sr.^{A mí} Boluarte y la disolución del Parlamento.

Al anochecer, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, que avanzaban hacia el Parlamento y el Palacio de Gobierno. Los manifestantes, equipados con cascos y escudos fabricados por ellos mismos, se opusieron a la policía, en particular, disparando fuegos artificiales.

“Hoy todas las comunidades están fuera”, aseguró un representante estudiantil al escuchar el descontento del campo andino, superado por la pobreza a pesar de la riqueza en recursos naturales de su país.

“No vamos a rendirnos en esta lucha, los que tienen que rendirse son los usurpadores (M^{A mí} Boluarte) y el Parlamento, que están haciendo todo lo posible para no tener que mejorar nuestra situación. Simplemente nos roban y dan nuestra riqueza a empresas no peruanas», dijo a la AFP Romina Cuno, una campesina puneña de 37 años.

A la manifestación también se sumaron manifestantes de otras regiones remotas de Perú, así como vecinos de barrios pobres al norte de Lima, quienes salieron corriendo y corearon «sí se puede» (sí, podemos) mientras ondeaban banderas peruanas y la Wiphala, los Andes, ondeaban. la bandera, informaron periodistas de la AFP.

A la misma hora, se desarrolló otra manifestación en las calles del centro de Lima, donde unas 50 personas, que se identificaron como la «Legión Patriótica», afirmaron defender a la policía peruana «por su accionar contra los terroristas subversivos».

Esta manifestación se produjo al día siguiente de que el Parlamento peruano decidiera bloquear hasta agosto cualquier debate que pretendiera adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias a octubre de 2023.

La propuesta del presidente Boluarte de adelantar las elecciones fue rechazada por la legislatura por cuarta vez.

Los disturbios estallaron después del despido y arresto el 7 de diciembre del exlíder socialista Pedro Castillo, quien fue acusado de intentar un golpe de estado para disolver el parlamento y prepararlo para sacarlo del poder.