El parlamento de Panamá aprobó el viernes una moratoria sobre nuevos contratos de minería metálica después de que miles de personas salieron a las calles durante días para protestar por un acuerdo con una compañía cuprífera canadiense.

En medio del mayor malestar social en Panamá desde las protestas contra el dictador Manuel Noriega en la década de 1980, la Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras para la exploración o extracción de metales.

El presidente Laurentino Cortizo anunció la ley poco después.

La medida se produjo tras dos semanas de manifestaciones que dejaron carreteras bloqueadas y tiendas sufriendo escasez de suministros.

Las protestas, que continuaron el viernes, estallaron el 20 de octubre después de que el Congreso aprobara una ley que permitía a First Quantum Minerals, con sede en Vancouver, operar la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica durante veinte años, con la opción de extenderla otras dos décadas.

Los manifestantes inmediatamente salieron a las calles del pequeño país centroamericano para protestar por el acuerdo, estableciendo bloqueos en la capital y otras ciudades.

Algunos bloquearon la Carretera Panamericana que conecta Panamá con el resto de Centroamérica.

Los manifestantes preocupados por el posible impacto ambiental de la mina First Quantum aumentaron posteriormente sus llamados a una moratoria sobre todos los nuevos contratos mineros.

La prohibición indefinida decidida el viernes no tiene ningún impacto en el acuerdo First Quantum que ya se ha firmado. Actualmente su constitucionalidad está siendo revisada por la Corte Suprema de Panamá.

Sin embargo, 103 concesiones mineras que estaban pendientes de revisión, así como la renovación de otros 15 contratos existentes, serán suspendidas, informó la organización ambientalista panameña CIAM.

'Gran logro'

La activista Raisa Banfield calificó la decisión del viernes como una «gran victoria para un país que estaba a merced de la minería».

El gobierno defendió el contrato de First Quantum, diciendo que la mina generaría alrededor de 375 millones de dólares anuales para el estado.

También se advirtió que si se cerrara la mina se perderían 8.000 empleos directos y alrededor de 40.000 indirectos.

Sin embargo, los manifestantes no se apaciguaron y continuaron con sus bloqueos. Luego, el presidente propuso un referéndum sobre el tratado.

Esta propuesta fue rechazada por el tribunal electoral panameño, que habría sido el encargado de organizar el referéndum.

El gobierno y el parlamento han acordado ahora dejar la decisión final sobre la validez del tratado al Tribunal Supremo. No se sabe cuándo decidirá el tribunal.

First Quantum ha invertido más de diez mil millones de dólares en Panamá y, según sus propias declaraciones, aporta el cinco por ciento al PIB del país.

Desde su apertura en febrero de 2019, la mina ha producido aproximadamente 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.

«El país está diciendo 'no' no sólo al tratado, sino también a esta forma dañina de desarrollo económico insostenible», dijo a la AFP la directora del CIAM, Lilian Guevara.

«Las actividades mineras y este proyecto en particular son completamente desproporcionadas en un pequeño país tropical con una biodiversidad muy alta y una dependencia de los ecosistemas, que también es vulnerable al cambio climático», afirmó.