El diputado Gabriel Silva, quien propuso la iniciativa, que fue aprobada en la Asamblea Nacional en tercer debate, explica que la ley estipularía que los altos funcionarios, incluidos los diputados, estarían obligados a presentar anualmente una declaración jurada de intereses particulares.

De esta manera, se ayuda a asegurar una mejor gestión del gobierno, y quienes no cumplan o usen información falsa serían sancionados e incluso despedidos, agregó.

El proyecto de ley 329, que tiene seis capítulos y 29 artículos, pone especial énfasis en las declaraciones juradas de interés privado, el nepotismo y la transmisión de información privilegiada, entre otros.

Establece sanciones como procedimientos disciplinarios y multas equivalentes a un mes de salario para los servidores públicos que no presenten su declaración jurada de intereses privados o que proporcionen información falsa.

También establece la obligación de realizar dichas declaraciones juradas al inicio y al término de la realización de negocios, cuyo contenido estaría sujeto a verificación por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Según el proyecto de ley, aprobado por el representante Silva y aprobado el 26 de abril de 2022, los funcionarios gubernamentales deberán mantener ciertos comportamientos en el desempeño de sus funciones, incluido negarse a aceptar cualquier obsequio, donación, favor, entretenimiento o servicio que podrían constituir un conflicto de intereses.

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