El 5 de diciembre de 2017, la Unión Europea (UE) publicó una «lista negra» de 17 países que considera paraísos fiscales, repartidos por todo el planeta.[1]. Y a menos de 50 días de su presentación, la lista se redujo a la mitad: los ministros de Economía y Finanzas de la UE decidieron eliminar de la lista a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez. Estos países ahora forman parte de la «lista gris», un vasto conglomerado de territorios que incluye 55 países con estos recién llegados. Estos últimos, aunque todavía no están a la altura de los estándares europeos, han mostrado un compromiso suficientemente firme para cambiar sus políticas fiscales.

Las jurisdicciones incluidas en la lista negra se resisten a los esfuerzos de transparencia fiscal civil, y su existencia permite la evasión de impuestos y otros delitos de los que en realidad son cómplices. En marzo de 2009, en la cumbre del G20 en Londres, los países miembros acordaron que era hora de acabar con esas áreas secretas. Luego se publicó una primera lista. Esencialmente, su objetivo era el intercambio sistemático y continuo de información sobre las operaciones realizadas por ciudadanos extranjeros en su territorio. No se introdujo la obligación de proporcionar información a solicitud de parte, pero se acordó que se proporcionaría de forma automática y periódica.

La aparición en dicha lista conduce al estigma internacional, el bloqueo de la ayuda comunitaria, un régimen especial de vigilancia y la restricción de las actividades domésticas para los residentes que trabajan con dichas jurisdicciones. ¿Significa esto que pronto lograremos erradicar el fenómeno? Creemos que sí, pero aún queda mucho por hacer.

Bienvenido a
¡La Civiltà Cattolica!

Este artículo es solo para suscriptores pagos.

Inicie sesión o suscríbase para continuar leyendo este artículo.