El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció el viernes la prohibición de nuevas concesiones mineras metálicas, pero mantuvo un acuerdo con una empresa canadiense que ha provocado protestas masivas en el país.

En un discurso televisado, el presidente dijo que el gobierno había emitido un decreto «que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el país».

Cortizo no mencionó el controvertido contrato con First Quantum Minerals, la empresa con sede en Vancouver cuya mina de cobre en el Caribe provocó manifestaciones por posibles impactos ambientales y enfrentamientos entre manifestantes y policías.

«Todas las nuevas solicitudes de extracción de metales, incluidas las que se encuentran actualmente en trámite, serán rechazadas inmediatamente», dijo el presidente, añadiendo que «esta prohibición entrará en vigor a partir de hoy».

Cortizo, quien firmó el decreto frente a las cámaras de televisión, dijo que tomó esta decisión “teniendo en cuenta las diferentes posiciones de la sociedad ante el tema de la minería”.

Pero su anuncio no hizo mucho para enfriar el ánimo en medio de la protesta de miles de personas que tenía lugar en el centro financiero de la capital mientras hablaba.

– “Te roban” –

Miles de panameños volvieron a manifestarse el viernes para exigir la cancelación del contrato con la empresa canadiense que opera la mina de cobre más grande de Centroamérica.

“Ustedes que están mirando, sí, también les están robando”, gritaban los manifestantes mientras golpeaban cacerolas y ondeaban banderas panameñas.

Las manifestaciones comenzaron hace una semana y han atraído a miles de personas, un hecho inusual en este país de 4,2 millones de habitantes.

“El gobierno no nos escuchó, utilizó todos los medios para oprimirnos y suprimir información”, dijo el activista y organizador de la protesta Felipe Chon.

«La mina fue un mal negocio para la nación por el daño ecológico que causó», dijo a la AFP el manifestante Alfredo Fonseca.

Las protestas han aumentado en la última semana. Se establecieron bloqueos de carreteras en la capital y otras ciudades, incluidos algunos que bloquearon la Carretera Panamericana que conecta el país con el resto de Centroamérica.

Las escuelas permanecieron cerradas durante toda la semana y en algunas zonas se produjeron enfrentamientos entre manifestantes que arrojaron piedras y policías que lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes.

Las protestas se intensificaron el viernes pasado luego de que Cortizo firmara un proyecto de ley que establece el contrato minero. Los manifestantes exigieron la derogación de esta ley.

La Corte Suprema había declarado inconstitucional el contrato original en 2017, pero el gobierno argumentó que la nueva versión estipulaba una contribución mínima anual de la empresa minera al Estado de 375 millones de dólares, 10 veces el monto del acuerdo original.

Además, la empresa y el gobierno señalan que la mina creará 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos y contribuirá con el cuatro por ciento del PIB de Panamá.

El contrato permite a la minera operar en la costa caribeña de Panamá durante 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20 años. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto ha producido alrededor de 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.