Los cubanos nunca se habían esforzado tanto por salir de la isla. El país, ya en una situación económica catastrófica y de grave escasez de alimentos, se derrumbó en plena pandemia tras el endurecimiento del embargo y la imposición de nuevas sanciones decididas por el expresidente estadounidense Donald Trump (2016-2020). La guerra de Ucrania, que afectó gravemente al turismo ruso, contribuyó a la debacle. En este contexto de desastre, la muerte de 42 personas el viernes 6 de mayo, en una explosión accidental que redujo a escombros buena parte del Hotel Saratoga, en el centro histórico de La Habana, fue sentida como un golpe de gracia para una población que sufre lo peor de la crisis económica vivida en los últimos treinta años.
Esta política de asfixia derivó en las manifestaciones masivas e inéditas del 11 de julio de 2021. Pero también provocó un vertiginoso aumento de la inmigración, algunos vía marítima pero la mayoría vía Centroamérica, ya que en noviembre de 2021 Nicaragua eliminó los requisitos de visa para ciudadanos cubanos para entrar al país.
Fuerte aumento de la inmigración ilegal
En los últimos seis meses, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. ha detenido a casi 80 000 cubanos, poco más del doble del año administrativo completo de 2021 (octubre de 2020 a septiembre de 2021). Las autoridades estadounidenses esperan la llegada de 150.000 cubanos en 2022. Cifras aún más dramáticas que las del éxodo del Mariel en 1980, cuando emigraron a Estados Unidos 125.000 cubanos, o durante la crisis de «Balseros» de 1994, donde fueron 30.000 balseros se había mudado al mar.
Así que cuando, el martes 3 de mayo, Reabrió el consulado estadounidense en La Habana Después de cuatro años de cierre -por misteriosas enfermedades neurológicas de los empleados de la embajada apodados «Síndrome de La Habana»- para retomar la emisión de visas, había muchas esperanzas de poder obtener legalmente el preciado ajonjolí para la inmigración. Las esperanzas se desvanecieron rápidamente: solo los padres de ciudadanos estadounidenses pueden solicitar una visa, una pequeña fracción de los que quieren salir del país.
Desde 2017, los cubanos exiliados han tenido que acudir a la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana, y esperar meses la respuesta del gobierno. Una estancia sobrevalorada que fomentó aún más la inmigración ilegal. Así, a fines de abril, el gobierno de Joe Biden retomó las negociaciones con La Habana sobre el tema migratorio, las primeras en cuatro años. Altos funcionarios estadounidenses y cubanos, incluido el diplomático cubano Carlos Fernández de Cossio, se reunieron en Washington el 21 de abril para discutir la aplicación de varios acuerdos firmados entre los dos países, incluido el compromiso fallido de Washington desde 2017 de emitir 20,000 visas al año. Conversaciones que debían realizarse cada seis meses pero que nuevamente fueron interrumpidas por Donald Trump.
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