Miles de panameños volvieron a manifestarse el viernes para exigir la cancelación de un contrato con la empresa canadiense First Quantum Minerals, que opera en Panamá la mina de cobre más grande de Centroamérica.

El acuerdo, que permite a la minera operar en Panamá durante 20 años, provocó una semana de protestas generalizadas. Un fenómeno inusual en este país de 4,2 millones de habitantes.

Quienes se oponen al contrato consideran que las contribuciones de la empresa al Estado son insuficientes y lo ven como un peligro para el medio ambiente.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció el viernes la prohibición de nuevas concesiones mineras metálicas, pero mantuvo el acuerdo con la empresa canadiense.

El gobierno decidió emitir un decreto “proclamando la prohibición del otorgamiento de nuevas concesiones de minerales metálicos en todo el territorio nacional”, anunció Cortizo en un discurso televisado, sin mencionar el controvertido contrato con First Quantum Minerals.

Pero su anuncio no calmó los ánimos. Mientras hablaba, miles de manifestantes se habían reunido en el centro financiero de la capital.

El movimiento de protesta ha crecido en los últimos días, con bloqueos de carreteras en la capital y otras ciudades, incluidos algunos en la Carretera Panamericana que conecta el país con el resto de Centroamérica.

Las escuelas permanecieron cerradas durante toda la semana y en algunas zonas se produjeron enfrentamientos entre manifestantes que arrojaron piedras y policías que utilizaron gases para dispersarlos.

Situada a 240 km de la ciudad de Panamá, esta gigantesca mina de cobre a cielo abierto genera el 4% del PIB del país y el 75% de sus ingresos por exportaciones. En febrero de 2019, la mina producía aproximadamente 300.000 toneladas de concentrado de cobre por año y empleaba a más de 8.000 personas.