CIUDAD DE PANAMÁ, 24 oct (Reuters) – La policía arrestó a casi 50 manifestantes en Panamá durante enfrentamientos por un nuevo contrato aprobado por el gobierno para una importante mina de cobre, dijeron funcionarios el martes, y agregaron que cinco policías arrestados en los enfrentamientos resultaron heridos.

La semana pasada, los legisladores dieron la aprobación final a la concesión ampliada para la mina Cobre Panamá operada por la canadiense First Quantum (FM.TO). La minería extensiva a cielo abierto representa casi el 5% de la actividad económica de Panamá.

En un comunicado, la policía confirmó las detenciones de 48 manifestantes hasta el momento y los acusó de agresión, daños a la propiedad y otros delitos.

Algunos lugareños y organizaciones cívicas se han pronunciado en contra del contrato, principalmente debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental de la mina.

Ambientalistas, docentes, indígenas y trabajadores de la construcción demostraron su enfado por el acuerdo, que permitiría que la mina operara durante al menos algunas décadas más, y salieron a las calles de la capital para cerrar las principales carreteras. También hubo protestas en la ciudad de Colón y en la provincia occidental de Chiriquí.

Si bien los disturbios por la mina habían estado latentes durante aproximadamente un mes, las protestas se intensificaron la semana pasada.

Un tramo de la Carretera Panamericana que se extiende a lo largo del país y es crucial para el comercio en Centroamérica se encuentra cerrado temporalmente desde el lunes, cuando las autoridades suspendieron las clases.

Las autoridades también suspendieron el servicio de autobuses en la capital, Ciudad de Panamá, debido a las protestas.

La policía señaló que dos agentes resultaron heridos por disparos en la ciudad de Panamá el lunes por la noche, mientras que otros tres resultaron heridos durante un bloqueo de carreteras en Chiriquí.

Más tarde el martes, el presidente Laurentino Cortizo defendió el nuevo acuerdo con First Quantum como beneficioso para la salud económica del país, argumentando que el contrato protegería los empleos y los fondos de seguridad social.

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