Parecía inútil especificarlo y, sin embargo, ante los repetidos ataques a la biodiversidad, Panamá ha reconocido específicamente el «derecho a existir» de la naturaleza. A través de esta inspiradora ley, el país sudamericano garantiza la protección de su fauna y flora y, en particular, condiciona la extracción de minerales y metales y la política energética al respeto por los vivos. Una forma eficaz de volver a poner en el punto de mira a la naturaleza, donde hasta ahora el hombre ha querido robar sin descanso el protagonismo…

La impresionante biodiversidad prospera en esta estrecha franja de tierra que conecta las Américas. Los bosques tropicales y los manglares albergan más de 10.000 especies de plantas y animales, incluidos jaguares y osos de anteojos. En estas áreas amenazadas por la deforestación y el calentamiento global, los pueblos indígenas intentan sobrevivir y prosperar en su forma de vida, que está estrechamente relacionada con la naturaleza.

Para asegurar su supervivencia y la de su hábitat, el presidente de Panamá, Laurentio Cortizo, aprobó una ley a principios de marzo tras un año de debate en la asamblea. Este último reconoce en la naturaleza «El derecho a existir, a subsistir y a regenerar los ciclos», “Derecho a la Conservación de la Biodiversidad” etc. “el derecho a la reparación después de haber sufrido, directa o indirectamente, un daño causado por la acción humana. »

En otras palabras, el Parlamento panameño ahora debe considerar el impacto de sus leyes y políticas en el mundo natural. El texto describe la naturaleza como “una comunidad única, indivisible y autorregulada de seres vivos, elementos y ecosistemas relacionados que apoya, acoge y regenera todos los seres vivos de la naturaleza. »

Adoptar una visión ecocéntrica

Junto a la obligación que ahora pesará sobre el legislador panameño, se otorgarán nuevos derechos personas físicas o jurídicas la oportunidad de representar los intereses de la naturaleza en los tribunales. Finalmente, el texto enfatiza la importancia del conocimiento de las comunidades indígenas, el cual debe ser tomado en cuenta al momento de aplicar la ley.

El texto, que entrará en vigor en 2023, completa un arsenal de leyes ya vigentes en América Latina. Como señala Constanza Prieto Figelist, Directora Jurídica del Earth Law Center para América Latina: “La aprobación de esta ley es fundamental ya que se une a los esfuerzos de Colombia y Ecuador para reconocer los derechos de la naturaleza y crear un corredor de conservación en la región que abra las puertas al cuidado holístico y compartido de los bosques, ríos y océanos. »

Nueva Zelanda, Chile y México también han seguido este camino en otras partes del mundo. En Francia, Córcega también ha otorgado derechos especiales sobre su río Tavignano. ¡Una práctica que nos encantaría ver extendida en todo el mundo!