En los últimos años, la movilización de la sociedad civil en temas de ética empresarial ha llevado a las empresas a evaluar la importancia del comportamiento honesto ya considerar nuevos criterios en la conducción de sus negocios. Al mismo tiempo, la legislación extranjera existente, como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977 (sobre prácticas de corrupción extranjera) intentó ampliar su alcance para compensar la falta de legislación nacional en la materia. Como resultado, los reguladores nacionales han buscado compensar y proteger a sus empresas mediante la promulgación de sus propias leyes y reglamentos.
Con una referencia simbólica a la fecha de la firma del Convención de MéridaEl gobierno francés aprobó su propia ley anticorrupción en 2016 : Ley de Transparencia, Anticorrupción y Modernización Económica conocida como Ley Sapin II.
Esta ley obliga a las empresas que cumplan con ciertos criterios a desarrollar e implementar un sistema anticorrupción destinado a prevenir y detectar actividades de corrupción e influencia. La agencia francesa anticorrupción (AFA) ha publicado recomendaciones detalladas para guiar a los actores públicos y privados en el establecimiento de su programa anticorrupción. Debido a la complejidad operativa de implementar ciertas medidas, algunos actores pueden recibir apoyo para establecer y mejorar su sistema de cumplimiento.
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